Abecé para entender cómo cambia funcionamiento de EPS: ¿usuarios deberán trasladarse a Nueva EPS?
El Gobierno nacional emitió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, con el cual cambia la forma en que van a operar las EPS en el país.
El documento especifica cuántas pueden existir por departamento y municipio:
- En departamentos con menos de 390.000 personas, cada EPS debe afiliar el 15% de la población.
- En los departamentos con entre 390.000 a 2 millones de afiliados, debe afiliar un 10%.
- En departamentos de más de 2 millones de habitantes deben tener un 5% de usuarios de ese total de población.
- En ciudades y municipios es el 3%.
En cifras más precisas, en una población que tiene entre 10.000 y 20.000 habitantes solamente va a funcionar una EPS. Esto, por ejemplo, podría suceder en La Victoria, Valle del Cauca, donde hay 13.000 habitantes; en un municipio con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes, máximo cuatro EPS, por ejemplo, en Montelíbano, en el departamento de Córdoba; y en municipios entre 100.000 a 500.000 habitantes, máximo 5 EPS. Es decir, esto podría suceder en ciudades como Pasto, en Nariño, donde hay 450.000 habitantes.
Con estos cálculos, la Nueva EPS va a terminar, en 608 municipios del país, siendo la única entidad que va a operar en ese territorio y en cerca de más de 200 municipios va a operar con otra entidad, es decir, el 80% de los colombianos van a estar cubiertos por la Nueva EPS. (Lea también: Emotivo relato de hijo de mujer que murió esperando medicamentos: “En diciembre fue la última dosis”)
“Si la Nueva EPS no puede con lo que tiene hoy, ¿qué va a hacer con más población?
Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, cuestionó que ese decreto se implemente en este momento.
Reconoce que “hay muchas cosas que se deben hacer al interior del sistema, pero no se deben imponer; lo primero que los pacientes y los usuarios hemos pedido es resolvamos la crisis humanitaria que tenemos hoy. Hoy no necesitamos más ‘Kevin’, no necesitamos más ‘doña Cecilia’. Necesitamos que si vamos a morir, sea en condiciones de dignidad y humanidad. No necesitamos seguir mendigando e implorando servicios. Eso es lo que no puede pasar. Después de que logremos esa estabilidad, discutamos lo que haya que discutir con la franqueza, con la transparencia y con la honestidad”. (Lea también: Procurador y contralor criticaron el manejo que el Gobierno nacional ha dado al caso de Kevin Acosta)
Precisa que “lo que vivimos los usuarios y pacientes todos los días en la calle es eso, las dificultades que estamos atravesando en esta crisis humanitaria, los indicadores de PQRs, los indicadores de tutelas, los fallecimientos por falta de servicios son la muestra de que hay un deterioro y hay una crisis humanitaria. Uno de los argumentos que tiene el decreto es que se busca organizar territorialmente para evitar que haya un riesgo de una EPS que tenga crisis operativa o financiera, y se trasladan 2.600.000 a la Nueva EPS, que lo único que se ha demostrado en la realidad, no en el discurso, en lo que vivimos los pacientes en el territorio, es que tiene dificultades operativas y de atención”.
Y cuestiona que “van a trasladarle a la EPS que tiene mayor población, más de 11.000.000 de usuarios hoy, es decir, más de 3.000.000, van a trasladar 2.600.000 usuarios. Es decir, va a quedar con 14 millones de usuarios. Y si no se puede con lo que tenemos hoy, ¿qué va a hacer con más población?”.
Para él, obligar a los ciudadanos a cambiarse de entidad es “la vulneración mayor que tiene el decreto. Mi libertad de elección me la vulnera absolutamente porque ellos de manera arbitraria y obligatoria me trasladan a la EPS que ellos asignen. Hoy hemos visto cómo en los últimos 3 meses más de 90.000 colombianos han solicitado su traslado acudiendo a la libertad de elección para trasladarse de Nueva EPS a otras buscando servicio”. (Lea también: Funcionarios de la Nueva EPS son arrestados por incumplimientos: este es el drama de los pacientes)
“Es un decreto que se necesita, pero no en el hoy”
Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, dice que “no puede el Gobierno nacional insistir en implementar la reforma a la salud y los cambios estructurales al sistema de salud a través de decreto. En esta ocasión se repite ese error. La segunda y más grave es que el sistema hoy presenta una fragilidad estructural, financiera y de atención que están viviendo todos los pacientes en el país, particularmente de las EPS intervenidas”.
Augusto Galán, exministro de Salud y director del observatorio Así vamos en Salud, explica que “de los más de 6 millones de personas que se están trasladando, hay 800.000 personas que se encuentran en EPS que están funcionando mejor que las EPS intervenidas y que están cumpliendo mejor su labor. Y esas 800.000 personas se trasladan a las EPS intervenidas, que son las que tienen las mayores peticiones, quejas y reclamos por parte de sus usuarios, son las que han visto incrementar más el número de tutelas”.
Jorge Toro, director ejecutivo de UNIPS Colombia, sí cree que “es un decreto que se necesita, es un decreto que efectivamente el país necesita, pero no en el hoy. No se le puede entrar a trasladar usuarios a EPS en condición de intervención y mucho menos en EPS en graves crisis financiera, en grave crisis administrativa y con altas quejas de insatisfacción por parte de los usuarios. Nosotros consideramos que el Gobierno nacional no debió haber expedido en este momento ese decreto, que se debió haber esperado para que se pudiera establecer cómo va a ser el futuro del aseguramiento en Colombia”.
Al respecto, Molina coincide en “que organizar el sistema de salud es una necesidad. Lo que estoy diciendo hoy, en estos territorios que mencionábamos ahorita, está la Nueva EPS, hoy atiende a usuarios en esas poblaciones y tiene que trasladarlos a otras para que reciban su atención. Esos que están en ese municipio hoy afiliados por la EPS no reciben atención, no reciben medicamentos, no reciben su oportunidad de citas médicas o cirugías”.
Sostuvo que “con esto no se soluciona la crisis humanitaria que estamos viviendo hoy. Eso no le va a resolver los problemas a los usuarios que están esperando un trasplante de órgano, se lo va a agudizar, y eso es lo que llamamos la atención. Nosotros tampoco hemos podido hablar con el señor ministro, eso ha sido un imposible. Pero aquí queremos resaltar esta situación de crisis humanitaria que estamos viviendo no es para adeptos o contrarios al gobierno. En el dispensario médico usted no ve una fila que pregunte quiénes apoyan al gobierno o quiénes están en contra del gobierno. A todos nos está afectando”.
Finalizó diciendo que “muy seguramente vamos a hacer todas las acciones que tengamos que hacer desde los usuarios, desde los pacientes y desde la ciudadanía en general” para que se no vulneren los derechos de los afiliados.
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