¿Por qué cuestionan el aval fiscal de la reforma a la salud que hizo el Ministerio de Hacienda?
En las últimas horas, el Ministerio de Hacienda envió a la Comisión Séptima del Senado el concepto de impacto fiscal de la reforma a la salud. Congresistas y expertos señalan que dicho documento no es un aval fiscal, pues no cita la Ley 819 de 2003 que establece como obligatorio el aval por parte del Ministerio de Hacienda y que es un informe basado en estimaciones.
Expertos aseguran que el Ministerio de Hacienda se cura en salud diciendo que la mayoría de los costos son estimados por el Ministerio de Salud y no se responsabiliza por los mismos.
El documento señala que el costo del proyecto en 2025 será de más de 105 billones de pesos y, en 2033, de más de 143 billones de pesos. Para 2025 hacen falta 2,9 billones de pesos de ingresos.
“El documento entregado por Minhacienda no es un aval fiscal. Seguimos con las mismas inquietudes que planteamos del documento que vino de Cámara. Tampoco tiene anexo, no desglosa los costos y no presenta un sustento claro de las cifras, que ha sido nuestra petición reiterada de claridad de la información. Por ejemplo, no sabemos cuánto costará el sistema de información, a pesar de que ya lo están implementando”, acotó Lorena Ríos, senadora de Colombia Justa Libres.
De otro lado, en la proyección que hace el Ministerio de Hacienda a 10 años los gastos son más grandes que los ingresos, algo que confirmaría la denuncia de varios congresistas y actores del sector salud sobre el desfinanciamiento de la reforma a la salud.
El documento dice que habría que recortar recursos de otros sectores para que la reforma a la salud sea viable, por lo que los expertos advierten que el actual proyecto cuesta más dinero.
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, alertó que si el documento quería dar tranquilidad a los legisladores, terminó haciendo todo lo contrario porque no hay un anexo en el que se desglosen y expliquen los costos de la reforma a la salud
Además, dijo que por el costo significativo de centros de atención primaria, los equipos territoriales, la infraestructura pública y otros gastos adicionales, sería probable que estos nuevos gastos terminen desplazando y poniendo en riesgo los costos de tratamientos y medicamentos.
Además, los sectores también cuestionan que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no haya firmado este documento.
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